El Supremo se mantiene firme: Junqueras seguirá inhabilitado hasta 2031, a pesar de la reforma por sedición

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dado a conocer su decisión sobre la sentencia del ‘proceso’. Entre los condenados, destaca el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, quien ha sido condenado por delito de desobediencia en concurso de malversación de fondos. La pena de inhabilitación, que queda fijada en 13 años, significa que no podrá ejercer ningún cargo público hasta 2031. Además, se han mantenido las condenas por desobediencia y malversación respecto a Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes también estarán inhabilitados hasta el 2030.

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han sido condenados por desórdenes públicos, mientras que Carmen Forcadell, Josep Rull y Joaquín Forn han sido condenados por desobediencia. Aunque el cambio de delitos significa la extinción total de las penas de inhabilitación de estos últimos.

En cuanto a la novedad en la aplicación de la ley, La Sala de lo Penal rechaza que la derogación del delito de sedición pueda entenderse como punible con el nuevo delito de desorden público. De esta forma, se indica que la reforma penal deja impunes los procesos secesionistas que no van acompañados de actos de violencia o intimidación.

La respuesta de los condenados no se ha hecho esperar. El exvicepresidente Junqueras ha acusado al Tribunal Superior de Justicia de «tergiversar la ley» para seguir persiguiendo la independencia. Por su parte, Jordi Turull ha anunciado que recurrirán la decisión y que presentarán todos los recursos que sean posibles. Además, ha dicho que «nos veremos en Europa, donde se hace justicia con mayúsculas y no hay venganza».

El PSOE considera que la sentencia les da la razón y demuestra que la corrupción sigue siendo punible con su reforma. Por su parte, el Partido Popular cree que la justicia ha echado por tierra la pretensión del Gobierno de dejar a los líderes del ‘proceso’ impunes según su opinión.

En conclusión, el Tribunal Supremo ha mantenido la pena de inhabilitación a los condenados por el ‘proceso’, aunque también ha reconocido la extinción total de las penas de inhabilitación de otros condenados. Esta decisión ha generado distintas reacciones entre los políticos, lo que evidencia la dificultad para alcanzar un consenso en este asunto.

Oriol Junqueras seguirá inhabilitado para cargos públicos hasta 2031.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en el marco del ‘proceso’ independentista catalán, condenando a varios líderes políticos por desobediencia y malversación de fondos. Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, ha sido condenado a 13 años de inhabilitación, lo que significa que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031. Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa también han sido condenados por los mismos delitos y permanecerán inhabilitados hasta 2030.

La sentencia también condena a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por desórdenes públicos y a Carmen Forcadell, Josep Rull y Joaquín Forn por desobediencia. Sin embargo, en sus casos, el cambio de delitos significa la extinción total de sus respectivas penas de inhabilitación.

La Sala de lo Penal rechaza que la derogación del delito de sedición pueda entenderse ahora punible con el nuevo delito de desorden público, indicando que la reforma penal deja impunes los procesos secesionistas que no van acompañados de actos de violencia o intimidación.

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha acusado al Tribunal Superior de Justicia de «tergiversar la ley» para seguir persiguiendo la independencia. Según él, el Tribunal Supremo ha utilizado el mismo criterio para condenar a los exconcejales de la Generalitat Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.

Por su parte, Jordi Turull asegura que recurrirán la decisión y presentarán todos los recursos posibles. Mientras tanto, el PSOE considera que la sentencia les da la razón y demuestra que la corrupción sigue siendo punible con su reforma. En cambio, el Partido Popular considera que la justicia ha echado por tierra la pretensión del Gobierno de dejar a los líderes del ‘proceso’ en libertad.

Este polémico caso ha generado un gran debate en España, con posturas encontradas entre los partidos políticos y la sociedad civil. La sentencia del Tribunal Supremo ha reabierto el debate sobre la independencia de Cataluña y el papel que deben tener las instituciones judiciales en estos procesos políticos.

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras por desobediencia y malversación en el marco del ‘proceso’ independentista, manteniendo la pena de inhabilitación de 13 años, lo que significa que no podrá ejercer cargo público hasta 2031. Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa también han sido condenados por los mismos delitos, permaneciendo inhabilitados hasta la próxima década. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han sido condenados por desórdenes públicos, mientras que Carmen Forcadell, Josep Rull y Joaquín Forn lo han sido por desobediencia. El juzgado ha rechazado que la derogación del delito de sedición pueda entenderse ahora punible con el nuevo delito de desorden público. El PSOE considera que la sentencia les da la razón y que demuestra que la corrupción sigue siendo punible con su reforma, mientras que el Partido Popular considera que la justicia ha echado por tierra la pretensión del Gobierno de dejar impunes a los líderes del ‘proceso’.

Cinco Consejos de Albacete 95

1. Es importante conocer el marco legal y las reformas penales que se han llevado a cabo para entender las sentencias emitidas por los tribunales.
2. La malversación de fondos públicos es un delito grave y puede llevar a una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos durante varios años.
3. La derogación de ciertos delitos puede llevar a una impunidad en algunos delitos, como los procesos secesionistas sin actos de violencia.
4. La posibilidad de recurrir decisiones judiciales es un derecho que tienen todos los ciudadanos y puede llevar a una resolución justa y adecuada.
5. Es importante que la justicia sea independiente y no se vea influenciada por la política, para garantizar un sistema justo y equitativo para todos.